Cristosal: Interpretación que avala la reelección inmediata es un fraude a la Constitución

Organización civil señala que el TSE debe descalificar la inscripción de Nayib Bukele como candidato porque no cumple con los requisitos constitucionales

Por Susana Peñate Oct 25, 2023- 20:18

La resolución de la Sala de lo Constitucional de septiembre de 2021 que habilitó la reelección presidencial inmediata sería un fraude a la Constitución de la República dado que hace una interpretación arbitraria, además de que su origen contiene vicios legales, por lo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debería descalificar la candidatura del presidente Nayib Bukele, señala la organización Cristosal.

Un equipo de abogados de la organización realizó un análisis jurídico de la reelección inmediata, la cual está prohibida en al menos seis artículos de la Constitución y también se establece en resoluciones anteriores de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que siguen vigentes.

La resolución con la que se basa el oficialismo para buscar la reelección se dio en un proceso de pérdida de ciudadanía, no fue en un proceso de inconstitucionalidad; por lo que no tiene efectos generales ni obliga al TSE a acatarla. “Aparte que es emitida por una Sala impuesta por el mismo gobierno, a partir de un proceso irregular de elección. Tiene dos problemas, quien la emite y el tipo de resolución”, añadió Ábrego.

Los profesionales del derecho enfatizan que el TSE no debe aceptar la candidatura de Bukele para competir en las elecciones de 2024.

El artículo 152 ordinal primero de la Constitución dice que no puede ser candidato a la Presidencia el que haya  desempeñado la Presidencia por más de seis meses, consecutivos o no, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial.

Añadió que este principio fue “tergiversado” por una Sala de lo Constitucional que es ilegítima. “Si el presidente va a optar al próximo período, el actual periodo es el inmediato anterior. Hasta la RAE (Real Academia Española) ya lo ha explicado”, dijo.

Además, expusieron que las sentencias de la Sala de lo Constitucional de procesos de inconstitucionalidad 7-2012 y 6-2020 “sí tienen efectos generales y obligatorios” y no han sido revertidas, en las que establecen que no existe la posibilidad de reelección inmediata, sino que debe existir un intervalo de espera para que pueda presentarse como candidato.

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La prohibición es retomada en otras normativas, como el artículo 23 de la Ley de Partidos Políticos que prohíbe a los institutos políticos promover la reelección presidencial consecutiva.

Amedrentar a magistrados

Para Cristosal, el TSE no debe aceptar la candidatura de Bukele, no obstante, señala que la reforma al Código Penal avalada por Nuevas Ideas en enero de 2023 para sancionar de 10 a 15 años de cárcel a quienes impidan u obstaculicen la inscripción de candidaturas busca amedrentar a los magistrados del TSE.

Ábrego señaló que es “contradictorio” con el marco constitucional porque la sanción sería para quienes promueven la reelección y que la vía de la insurrección que la misma Constitución dicta es para “defender” la prohibición a la reelección.

En el caso de magistrados que hayan expresado que cumplirán la resolución de la Sala impuesta, sería adelantar criterio y deberían de apartarse de conocer la petición de inscripción de Bukele.

Continuarán violaciones a derechos

Cristosal también advierte que de perpetuarse el actual modelo en el poder, habría un aumento de violaciones a derechos humanos por parte de agentes estatales.

La organización registró 80 casos de vulneraciones en el marco de la cuarentena por el covid-19 en 2020. Mientras que en los casos de movilidad humana o desplazamiento interno de 2019 a 2023, atendieron a 3,609 personas, muchos casos por violencia.

En cuando a los victimarios, en 2019 el 100 % fue por pandillas y va reduciendo a 99% en 2020, 96.3% en 2021, 83.5% en 2022 y 17.2% en 2023.

Pero advierten un aumento de victimarios de las fuerzas de seguridad estatal, con el 2.2% por la Policía Nacional Civil en 2021, el 13.3% en 2022 y el 69.6% en 2023. La Fuerza Armada también fue la señalada de violaciones a derechos en el 11.5% de casos en 2023. Incluso, hay un 1.5% de victimarios que son funcionarios públicos.

Y en el marco del régimen de excepción, registran 3,628 personas que denunciaron violencia contra sus derechos humanos.

"De perpetuarse este modelo que nos está gobernando en este momento, estas situaciones podrían ir empeorando", dijo Rina Montti, directora de investigación en Derechos Humano de Cristosal.