Federaciones deportivas se saltarán la Ley de Compras Públicas
Se decretó que las federaciones, asociaciones deportivas y subfederaciones reconocidas por el INDES no deben considerarse miembros ni funcionarios de la administración pública.
May 01, 2025- 11:38
La Asamblea Legislativa aprobó de manera exprés una reforma a la Ley de Compras Públicas para excluir de la misma a las federaciones y asociaciones deportivas registradas en el Instituto Nacional de los Deportes (INDES). La medida obtuvo 57 votos a favor y tres en contra.
El argumento fue que las federaciones y asociaciones deportivas reconocidas y registradas en el INDES, así como el Comité Olímpico de El Salvador (COES), el Comité Paralímpico de El Salvador son reconocidas como competencias tanto a nivel nacional como internacional.
En el decreto se estableció que el deporte en todo el territorio nacional es considerado de interés social y de utilidad pública, y que dada la naturaleza especial de las federaciones y asociaciones deportivas “es deber del Estado apoyar y facilitar sus procesos de adquisiciones y contrataciones, por medio de la implementación de una normativa interna que regule un sistema de compras ágil y transparente".
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Asimismo, indican que las compras de las instancias deben contar con un marco legal “simplificado y específico” para que les permita desempeñar sus funciones de manera eficiente y efectiva, tanto en la promoción del deporte a nivel nacional como en sus representaciones internacionales.
Entre las federaciones que estarán exoneradas de acatar la Ley de Compras Públicas están la de Ajedrez, de Béisbol, de Esgrima, de Fútbol, de Gimnasia, de Judo, de Golf, de Karate, de Luchas, de Natación, de Remo, de Taekwondo, de Tenis, de Tiro, entre otras.
El decreto hace alusión a la Ley General de los Deportes de El Salvador, la cual establece que las federaciones y asociaciones deportivas, así como las subfederaciones reconocidas por el INDES y el COES no deben considerarse miembros, órganos ni funcionarios de la Administración Pública.
“En consecuencia, estas organizaciones no estaban sujetas a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”, argumentan en el decreto.
La Ley de Compras Públicas fue impulsada en el gobierno de Nayib Bukele para sustituir la LACAP y fue aprobada por la Asamblea en enero de 2023.
La cuestionada ley
Esta nueva ley ha sido duramente cuestionada por diferentes sectores, ya que la consideran una forma de legalizar irregularidades desde la actual administración, las cuales se evidenciaron más con la poca transparencia en el manejo de fondos durante la pandemia del covid-19 y la creación de disposiciones especiales para evadir controles en la construcción de millonarias obras.
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Entre las disposiciones cuestionadas está la que permite las compras en línea sin límite de fondos y usando tarjeta de crédito o débito institucional.
Pese a que la normativa fue impulsada por el oficialismo, es frecuente que aprueben reformas o nuevas instancias para que las instituciones gubernamentales se la salten.
Por ejemplo, a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) la eximieron del cumplimiento de la misma, mediante un cambio en su ley orgánica. Igualmente pasó con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT). Estas son entidades que manejan miles de millones de dólares en sus presupuestos.
En el 2020 se aprobaron varios regímenes especiales de contrataciones y adquisiciones para algunos proyectos, como la Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios; Ley del régimen especial para la simplificación de trámites y actos administrativos relativos al Tren del Pacífico; Ley para la construcción, administración, operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico.
También crearon el Régimen especial transitorio para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado en el marco de la declaratoria del Régimen de Excepción; la Ley especial para la contratación de obras pública con financiamiento incluido.
Además aprobaron disposiciones transitorias para el programa de rehabilitación y reparación de obras afectadas por la tormenta tropical Julia en municipios priorizados; y disposiciones transitorias a la Ley de creación de Comité Organizador de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023.