Abogado: Norman Quijano está detenido en EE.UU. por un tema migratorio
El político salvadoreño está detenido desde marzo de este año, en un centro de detención de migrantes del estado de Texas, según informó un medio estadounidense. Hace poco más de un año fue condenado por negociar apoyo electoral con pandillas.
May 29, 2025- 20:20
Norman Quijano, expresidente de la Asamblea Legislativa y exalcalde de San Salvador en representación del partido ARENA, está en prisión desde el pasado 6 de marzo, tras ser arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Quijano, según la página oficial del ICE, se encuentra en el Centro de Servicio de Detención Port Isabel, del estado de Texas.
El arresto de Quijano se conoció luego de que el periódico USA Today informara sobre su detención, al final del de un reportaje publicado este jueves, titulado “El sombrío ascenso del presidente favorito de Donald Trump: Nayib Bukele”, firmado por el periodista Dan Morrison, en el que describe cómo el presidente salvadoreño fue apoyado por grupos de pandillas, mismas a las que se atribuye haber derrotado, y en el que también se explica cómo se ganó el favor del presidente Trump, tras un polémico acuerdo para mantener en una prisión salvadoreña a cientos de venezolanos.
“Agentes de ICE arrestaron a Quijano el 6 de marzo, días antes de que la administración Trump retirara los cargos contra (Humberto) López Larios, líder de la MS-13. Quijano se encuentra recluido en un centro de detención de Texas. No se pudo contactar a su abogado; sus familiares no respondieron a las llamadas ni a los mensajes solicitando declaraciones”, cita USA Today.
Quijano fue condenado en abril de 2024 a 13 años de prisión por haber negociado con pandillas a cambio de apoyo electoral. El abogado Lisandro Quintanilla, quien ejerció la defensa del exalcalde en ese proceso penal, aseguró ayer que el salvadoreño está en detención en Estados Unidos por un tema migratorio.
“La detención de Norman Quijano en los Estados Unidos es por un tema migratorio, ya que INTERPOL, en su momento, no procedió a su captura en base al artículo 3 de su estatuto, por considerar que se trata de persecución política; sin embargo, las cuestiones migratorias de USA son ventiladas conforme a la legislación de dicho país y se está en ese trámite”, detalló el abogado.
Por tratarse de un arresto por un asunto de migración, según Quintanilla, Quijano sería enviado a El Salvador en condición de deportado, no extraditado.
“En caso de ser deportado, no extraditado, enfrenta una condena que no está en firme, pero es posible y quizás probable que al ser recibido en nuestro país, sea enviado a prisión en base a esa condena dictada por la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro”, detalló.
El abogado Quintanilla afirmó a El Diario de Hoy que la sentencia dictada contra Quijano en abril del 2024, y notificada a principios de junio de ese mismo año, no está firme, debido a que en su momento presentaron un recurso de apelación.
“La sentencia condenatoria de primera instancia no está firme porque en contra de la misma, la defensa interpuso recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la CSJ (Corte Suprema de Justicia)”, afirmó.
“La detención de Norman Quijano en los Estados Unidos es por un tema migratorio, ya que INTERPOL, en su momento, no procedió a su captura en base al artículo 3 de su estatuto, por considerar que se trata de persecución política; sin embargo, las cuestiones migratorias de USA son ventiladas conforme a la legislación de dicho país y se está en ese trámite”.
Abogado lizandro quintanilla
El 16 de abril del 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) publicó en su página web, que “Con pruebas suficientes la Fiscalía logró acreditar que el exdiputado Norman Quijano cometió el delito de agrupaciones ilícitas y fraude procesal, por lo que fue condenado a 13 años y 4 meses de prisión”.
La Fiscalía lo acusó de haberse reunido con cabecillas de pandillas a quienes, a cambio de su apoyo para ganar la presidencia de la República, en 2014, compitiendo con la bandera de su partido ARENA, les ofreció beneficios.
Aquel 16 de abril, al finalizar la audiencia de vista pública y conocer el fallo de manera verbal, Quintanilla expresó a periodistas que esperarían a ser notificados por escrito para conocer el contenido de la sentencia y que luego apelarían, y que si la Sala de lo Penal no les daba la razón, interpondrían un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
Y efectivamente, el 24 de junio de 2024, Quintanilla y otro abogado interpusieron un recurso de apelación, en la que argumentaron la “errónea aplicación de los artículos 295 y 345 del Código Penal”, y por la “defectuosa fundamentación de la sentencia por inobservancia de las reglas de la sana crítica en la valoración de elementos de prueba…”.
Este jueves, consultado por El Diario de Hoy, Quintanilla explicó que si la sentencia de apelación les es desfavorable, interpondrán un recurso de casación ante la CSJ en pleno; en caso de que la sentencia de casación fuera resuelta confirmando la sentencia, ésta sería remitida ante el tribunal de origen quien hasta entonces la declararía firme. Llegado a este punto, es decir, una vez declarada firme la sentencia, aún podrían interponer un recurso de revisión de sentencia, lo cual sería evaluado en su momento, afirmó el abogado.
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El Diario de Hoy intentó conocer la opinión de Marcela Villatoro, diputada y coordinadora de la fracción de ARENA, pero como respuesta envió un tuit en el que dice que no es la defensora de Quijano. Oficialmente, el partido no se ha pronunciado sobre la detención de quien fuera uno de sus alcalde, diputado y candidato presidencial.
Otros funcionarios condenados
Quijano no es el primer político o funcionario que es condenado por negociar con las pandillas que se cobraron miles de vidas de salvadoreños.
A finales de mayo de 2023, el ex presidente Carlos Mauricio Funes Cartagena (ya fallecido) y el exministro de Seguridad, David Victoriano Munguía Payes, fueron sentenciados a 14 y 18 años de prisión, por los delitos de agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios.
Según la Fiscalía, ambos exfuncionarios avalaron las negociaciones entre grupos delincuenciales y ofrecieron beneficios a las pandillas a cambio de la drástica baja de la violencia, especialmente en la reducción de homicidios, tras lo cual, los cabecillas de pandillas ordenaron no dejar los muertos tirados en las calles, sino que debería “cultivarlos”, es decir, enterrarlos.
El extitular de Seguridad Pública, quien fue ministro de Defensa Nacional en el siguiente gobierno efemelenista (2014-2019), recibió ocho años por agrupaciones ilícitas, seis por incumplimiento de deberes y cuatro más por actos arbitrarios. Funes, en tanto, recibió ocho años por agrupaciones ilícitas y seis por incumplimiento de deberes.
Munguía Payés se retiró de la Fuerza Armada con el grado de coronel. Cuando el FMLN, partido de la antigua guerrilla, ganó las elecciones presidenciales con Funes Cartagena como candidato, fue llamado de nuevo a la situación activa y poco tiempo después le otorgaron el grado de general, acto que fue muy criticado debido a que violaba varias leyes relativas al funcionamiento de la institución castrense.
Al respecto, tanto Funes Cartagena como Munguía Payés adujeron que el proceso judicial era una venganza política. El primero murió el pasado 21 de enero en Nicaragua, donde primero solicitó asilo político y luego le fue otorgada la ciudadanía, junto a varios miembros de su familia a quienes en El Salvador les formaron procesos judiciales por actos de corrupción.
Señalamientos contra funcionarios actuales
Las supuestas negociaciones con grupos de pandillas, declarados como terroristas por Estados Unidos, no solo han sido por parte de funcionarios del FMLN y de ARENA; varios funcionarios del actual gobierno de Nayib Bukele también han sido señalados de negociar con esos grupos a cambio de apoyo para ganar elecciones, tal como consta en documentos judiciales y boletines institucionales de instituciones de Estados Unidos.
A cambio de apoyo para ganar las elecciones municipales y legislativas del 2021, según investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, funcionarios del actual gobierno prometieron, entre otras cosas, no extraditar a más de una docena de cabecillas que eran requeridos por la justicia estadounidense.
Es más, según investigaciones judiciales de Estados Unidos, altos funcionarios de Bukele sacaron de prisión a Élmer Rivera Canales, alias Crook, un prominente cabecilla de la MS-13, que fue trasladado hacia México, donde posteriormente fue capturado y deportado, con escala en Houston, Texas, donde fue detenido por autoridades estadounidenses.
Recientemente, el periódico digital El Faro publicó, en tres entregas, las entrevistas con dos cabecillas de la pandilla 18, quienes detallaron cómo ayudaron al partido Nuevas Ideas a ganar las elecciones del 2021; ambos criminales afirmaron que fueron sacados del país por funcionarios del gobierno.