Gobierno envía ley que crea nueva Dirección de Desarrollo Social
La propuesta de nueva ley crea un nuevo ente dentro de la Presidencia y se suprime la obligatoriedad de programas de alimentación y uniformes escolares y de mejoramiento de vivienda.
Jun 21, 2025- 05:30
El gobierno salvadoreño, a través del Ministerio de Desarrollo Local, presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de nueva Ley de Desarrollo Social, en la que crea una nueva Dirección para ejecutar y evaluar proyectos sociales; pero prescinde de la participación ciudadana.
“La presente ley tiene como objetivos combatir las causas estructurales de la pobreza multidimensional, reducir la desintegración social, la desigualdad social garantizar el acceso universal a derechos sociales fundamentales, mediante la integración y superación de las privaciones identificadas por la medición multidimensional de la pobreza”, establece en sus fines.
De aprobarse, se derogará la Ley de Desarrollo y Protección Social aprobada en abril de 2014.
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Sobre los principios, el proyecto de decreto incluye todos los principios de la ley vigente; pero los redefine, amplía o tecnifica. A su vez, agrega nuevos principios clave como: evidencia, resultado e integración social, orientados a la eficacia institucional y planificación pública.
Sin embargo, algunas categorías sensibles, como la igualdad de género, pierden fuerza al fusionarse dentro de principios más generales.
Nuevo ente
La propuesta incluye la creación de la Dirección Nacional de Desarrollo y Protección Social (DPS) que funcionará como una institución autónoma con personalidad jurídica, patrimonio propio. Deberá velar por la garantía de los derechos sociales y la integración, asimismo, será la entidad rectora de la política social y plan de desarrollo y protección social.
Además, será la responsable de diseñar, dirigir, articular y vigilar el cumplimiento de los programas, proyectos de desarrollo social y será la responsable de la coordinación del Sistema Nacional de Desarrollo y Protección Social.
Entre las atribuciones del nuevo ente se proponen “monitorear y evaluar la ejecución del plan de desarrollo y protección social”, “coordinar anualmente con las instancias involucradas, la formulación de la propuesta de presupuesto”, “realizar estudios secundarios sobre el impacto de los programas y proyectos de desarrollo y protección social”, entre otras.
La Dirección estará organizada por un presidente ejecutivo, elegido por el presidente de la República; por un consejo directivo (conformado por titulares de otras instituciones del Ejecutivo) y por las unidades administrativas y operativas correspondientes.
Su presupuesto estará integrado por las asignaciones del Fondo General del Estado que se consigne y otorgue en cada ejercicio fiscal.
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La propuesta mantiene el Sistema Nacional de Desarrollo y Protección Social y está conformado por los titulares o representantes de los ministerios de Hacienda, Salud, Educación, Economía, Vivienda y Desarrollo Urbano, Trabajo y Previsión Social, de Agricultura y Ganadería.
Con la ley actual, el Sistema debe coordinar la ejecución y cumplimiento de la Política Social.
La propuesta incluye que el Sistema sea también conformado por representantes de la Dirección Nacional de Desarrollo, ministerios de Trabajo, Cultura, Medio Ambiente, Gobernación, Desarrollo Local; el Instituto Crecer Juntos, Instituto Nacional de Pensiones, Dirección de Integración, CONAPINA, INABVE, INCAF, INDES, ISDEMU, CONAMYPE, Oficina Nacional de Estadística y Censos y cualquier otra que se convoque.
No obstante, la propuesta ya no contempla atribuciones de que gestione, a través de Relaciones Exteriores o Hacienda, los recursos de la cooperación internacional “para complementar el esfuerzo del Estado en inversión social” y de servir de enlace para la participación, la deliberación, la concertación y el diálogo social y establecer los espacios municipales y departamentales de consulta.
Vale mencionar que el gobierno creó en 2020 la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO) que tiene como objetivo optimizar las oportunidades y posibilidades de cooperación internacional para el desarrollo económico y social de El Salvador.
A su vez, el nuevo marco legal le establece deberes a los beneficiarios de los proyectos de los que sean usuarios o partícipes.
Los deberes serían cumplir con la normativa de los programas y proyectos; participar de manera responsable, proporcionar información veraz y oportuna a las instituciones; proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades y mantener actualizada toda la información relativa al goce de los beneficios.
Se mantendría que la medición de la pobreza se realice de forma anual y que la medición territorial y las brechas de desigualdad se actualicen cada dos años.
Sin Dirección del subsistema
Con la ley vigente el Subsistema de Protección Social Universal debe ser dirigido por el presidente de la República y coordinado a través de la institución gubernamental que él determine y se orienta en la búsqueda de la universalidad para garantizar los derechos de todas las personas.
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Con esta supresión ya no se contemplan programas creados por gobiernos anteriores, como: Comunidades solidarias urbanas y rurales, la dotación de uniformes, zapatos y útiles escolares; Programa de la alimentación y salud escolar, del vaso de leche, Ciudad Mujer, la Pensión Básica Universal, el programa de Agricultura Familiar, los paquetes agrícolas, acceso y cobertura universal a la salud integral, pública y gratuita; acceso y mejoramiento de vivienda, infraestructura social básica y atención integral a la primera infancia.
El gobierno ya ha modificado algunos de estos programas, como el de paquetes agrícolas por medio de una tarjeta con un monto para que los agricultores adquieran los insumos en los establecimientos autorizados.
Sin participación ciudadana, deliberación y diálogo social
La ley vigente de Desarrollo Social incluye en su artículo cuarto el apartado “Participación ciudadana, deliberación y diálogo social”, el cual no aparece en la propuesta de este gobierno.
Hasta ahora, la política de desarrollo, protección e inclusión social debe ser por ley participativa “por lo que debe promover y facilitar los mecanismos para la intervención de la sociedad en la formulación, monitoreo, seguimiento y evaluación de la misma”.
“Los mecanismos de participación ciudadana se llevarán a cabo a través de la institución que la Presidencia de la República determine… La institución coordinadora establecerá las instancias locales y departamentales de participación ciudadana, con el propósito de señalar prioridades locales de inversión social, dar seguimiento a la aplicación de las políticas y programas sociales y formular propuestas de creación, modificación o reorientación de los mismos”, establecen los artículos 21 y 22.
Con la reformulación de instituciones públicas se ha eliminado la participación de representantes de sociedad civil.
En cambio, la propuesta del gobierno actual solo establece la participación ciudadana en el apartado de principios.
“Es el derecho de las personas, comunidades y organizaciones para participar de la política social, la integración y la construcción de su propio futuro, en el ámbito de las instancias y procedimientos establecidos para ello”, se plantea.
Por otra parte, se establece como medida transitoria que los programas y proyectos de desarrollo y protección social que se hayan implementado por parte del Ejecutivo, continuarán implementándose hasta que se adopten nuevos programas encaminados al desarrollo, integración y protección social, incluyendo aquellos destinados a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad.
Delimita información pública
El marco normativo vigente establece que con las obligaciones de transparencia para los programas sociales, el gobierno pondrá a disposición la información relacionada con los resultados de las consultas para la elaboración del Programa Social; los resultados y recomendaciones de las evaluaciones a la política y los programas sociales; el diseño conceptual y las reglas de operación de cada uno de los programas sociales.
Asimismo, la información agregada de los registros de los beneficiarios de los programas de transferencias monetarias o de bienes materiales, siempre y cuando no contengan información relativa a datos confidenciales; en todo caso, se respetarán las normas del secreto estadístico. Esto se conservaría en la próxima ley.
La solicitud pasará a estudio de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno convocada para sesionar este lunes 23 a las 11 de la mañana.