Gobierno cumple a medias varias metas del acuerdo con el FMI

En su último informe sobre la revisión del acuerdo, publicado el 15 de julio, destaca el cumplimiento de metas, pero al mismo tiempo señala retrasos o ejecución a medias de algunas.

Por Tania Urías /Katlen Urquilla Jul 18, 2025- 05:56

Aunque el gobierno de El Salvador ha cubierto la mayoría de metas que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le ha puesto para facilitar los desembolsos del préstamo de $1,400 millones, todavía hay atrasos e incumplimientos en algunas áreas. 

El FMI estableció en el informe sobre la primera revisión del acuerdo que se debe publicar información completa sobre las empresas estatales, incluyendo estimaciones de actividades fiscales, políticas de propiedad y gobernanza corporativa.

También se deben detallar las expectativas de desempeño, la neutralidad competitiva, los estándares de gestión financiera y de riesgos, la transparencia y rendición de cuentas, entre otros aspectos.

Este compromiso estaba programado para cumplirse a finales de marzo de 2025, pero no se cumplió a tiempo y fue implementado con retraso, indica el informe del organismo.

Según el Fondo, el gobierno ha divulgado información solo de siete empresas públicas o autónomas, pero aún faltan otras de las cuales no detallado lo requerido. 

Ante ello, el organismo indica que se espera un mayor progreso en este ámbito, con planes de publicar los estados financieros auditados de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y del Ente Nacional de Transmisión Eléctrica (Ente), así como los estados financieros de las subsidiarias de dichas empresas estatales, para finales de mayo de 2026.  

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó dos desembolsos. Foto/ ShutterStock

En el caso de CEL debe incluir a las subsidiarias como Energía Geotérmica de El Salvador (LaGeo), Inversiones Energéticas (INE), Compañía Eléctrica Cucumacayán (ECSA) y la Empresa Transmisora de El Salvador, (Etesal).

Compras de Bitcoin siguen, pese al acuerdo

En materia de Bitcoin, uno de los puntos que volvió a mencionar el Fondo en el informe es que las autoridades salvadoreñas mantienen el compromiso de no aumentar las reservas en criptoactivos y han anunciado la salida gradual del monedero electrónico estatal Chivo.

"El compromiso de finalizar la participación pública en Chivo para fines de julio de 2025 se mantiene sin cambios", dice en el documento.

Pero aunque el organismo ha insistido en que no utilice dinero público para compras de la criptomoneda, en la revisión que hizo el equipo técnico detectó que "se han mostrado fluctuaciones menores en depósitos de clientes en bitcoin, lo que causó un incumplimiento leve de la meta de no acumulación neta de Bitcoin", señala el informe del FMI.

Hasta el 10 de julio, las reservas de Bitcoin de El Salvador habían alcanzado los $700 millones, según publicó la Oficina Nacional de Bitcoin del Gobierno salvadoreño y agregó que el país mantiene 6,233.18 monedas, valoradas en $708.5 millones.

Bitcoin
Foto EDH/ Shutterstock

"El Salvador ha estado comprando $BTC desde noviembre de 2022 y ahora tiene una ganancia no realizada de más de $456,000,000 en sus tenencias de Bitcoin", cita el sitio bitcoin.gob.sv el pasado 14 de julio. 

En el último comunicado del FMI, el Directorio Ejecutivo del organismo subrayó "la importancia de una comunicación clara y coherente al respecto" de lo que el gobierno dice sobre las compras de Bitcoin.

Otros incumplimientos

De igual forma, el organismo plantea que la presentación de un estudio actuarial del sistema de pensiones esperado para finales de julio se retrasó hasta septiembre. 

Además se menciona que la reforma del servicio civil está en proceso y aunque la fecha estaba para julio de este año, también se extendió el plazo hasta septiembre de 2025. 

Otro de los incumplimientos que señaló el Fondo es el endeudamiento neto del Sector Público No Financiero (SPNF) superior al programado. La meta era tener cero deuda neta del SPNF a finales de marzo de 2025, pero se registró un endeudamiento de $164 millones, superando el techo establecido. El gobierno lo atribuyó a un adelanto en la emisión de deuda, se explica en el documento.

Asimismo, el gobierno debía publicar a finales de marzo 2025 en un sitio web del gobierno los nombres y nacionalidades de los beneficiarios finales de todos los contratos públicos adjudicados, junto con la información de los contratos, y emitir regulaciones que limiten las excepciones a los procesos de contratación competitivos. Pero no se cumplió en la fecha prevista y fue implementado con retraso.

Según el Fondo, la información se publicó y se emitieron las directrices administrativas, que luego se reemitieron como decreto presidencial.

También se indica que se aprobó la Ley de Sostenibilidad Fiscal el pasado 10 de junio, la cual es clave para reducir el déficit y contener el crecimiento de la deuda pública que ronda el 88 % del PIB; la fecha inicial era el 9 de mayo.