El nuevo “negocio” de Bukele: El Salvador como estercolero

En puridad, en todo este macabro “negocio” del bukelato, lo que queda claro es que, por un lado, como lo reconoció Ulloa, se trata de una transacción mercantil, pues se trata encarcelamiento de personas por dinero (aunque, de seguro, hay más motivos); y, por otro lado, es fruto de la lambisconería del dictador salvadoreño, como con toda naturalidad lo expresó la Secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., al decirle: “Te agradecemos. Ha sido maravilloso tener a alguien a quien mandar lo peor de lo peor”.

Enrique Anaya, abogado constitucionalista. Foto EDH/ Yessica Hompanera

Por S. Enrique Anaya Abr 22, 2025- 14:02

El “negocio” montado por el bukelato, de convertir a El Salvador en un estercolero, un muladar de humanos, ya cumplió un mes de bochornoso desarrollo: seamos francos y directos, en El Salvador, la privación de libertad y desaparición forzada de más de doscientos cincuenta (250) ciudadanos venezolanos no tiene ninguna base jurídica -ni constitucional, ni legal- y, por supuesto, es una afrenta a la moral más elemental. Simple y sencillamente se está actuando, por parte de la dictadura salvadoreña, con evidente arbitrariedad, con cinismo y soberbia, ya sin el atisbo de ni siquiera aparentar legitimidad alguna.

Veamos las grandes diferencias de esta grave situación en los Estados Unidos de América (EE.UU.) y en El Salvador (SV), que deja en evidencia la distinción entre una democracia y una dictadura.

En EE.UU., lo cierto que, por una parte, incluso bajo debate, para la expulsión de algunos de los ciudadanos venezolanos se invocó una ley, la Ley de Enemigos Extranjeros, cuya aplicación todavía es objeto de discusión en las cortes estadounidenses y, en todo caso, la Suprema Corte de Justicia de EE.UU. ya dispuso que, en todo caso, las personas que sean objeto de expulsión tiene derecho a una audiencia judicial; y, por otra parte, en razón de múltiples demandas o solicitudes, los tribunales estadounidenses están participando activamente en la revisión de casos e, incluso, por ahora, han bloqueado la expulsión de más personas e, incluso, al menos en un caso, ha ordenado el retorno de un detenido.

En El Salvador, en cambio, todo, absolutamente todo lo hecho por la administración del bukelato es inconstitucional e ilegal, ya que:

Primero, ni la Constitución ni ninguna la ley salvadoreña autorizan a retener o mantener detenidas a personas sin previa orden judicial: es peculiar que a pesar de toda la “hornada” de opinólogos que defienden la dictadura, que aparecen divulgando las mayores estulticias jurídicas para intentar justificar los desmanes del dictador, en este caso, al menos este servidor no ha visto ni escuchado a nadie que salga defendiendo esta aberración moral y jurídica.
Segundo, no existe ningún tratado o convenio internacional entre EE.UU. y SV que autorice a mantener en las cárceles salvadoreñas a personas condenadas, procesadas o detenidas en EE.UU., sino que, al parecer, solo existe un vergonzoso pacto de pago por cada detenido.
Tercero, en frontal violación a convenios y declaraciones internacionales, en El Salvador, los ciudadanos venezolanos no tienen acceso a comunicación ni con familiares, ni con abogados e, incluso, no se proporciona información sobre la justificación o causa para la privación de la libertad, plazo de la misma, llegando al extremo de negar información sobre la condición de los detenidos, con lo que se configura una situación de desaparición forzada: en este tema, uno de los eventos más aterradores es que, según lo informó un senador estadounidense, quien usurpa la vicepresidencia de la República de El Salvador le aseguró que las personas están recluidas en una cárcel porque “se está pagando” por ello. Así, entonces, de acuerdo a lo que informó el senador, Ulloa simplemente reconoció que la privación de libertad es ilegal, pero como se recibe dinero, seguirán presos.
Cuarto, como era previsible, la inexistente “justicia” salvadoreña brilla por su ausencia, ya que, a pesar de la presentación de solicitudes de habeas corpus o exhibición personal -desde hace prácticamente un mes- e, incluso, de demanda de inconstitucionalidad ante la usurpada Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (SCn/CSJ), los usurpadores no se han pronunciado, ni siquiera sobre si admiten a trámite las peticiones. Esa previsible tal conducta de los usurpadores, ya que, de facto, suspendieron o eliminaron la garantía de habeas corpus respecto de miles de salvadoreños detenidos con motivo del régimen de suspensión de derechos y garantías constitucionales, así que la inacción frente a los presos venezolanos es solo una muestra más de su pusilanimidad (en verdad, que asco provoca la usurpada SCn/CSJ).

Así que, en realidad, mientras en EE.UU. existen, con todas las preocupaciones que genera, una serie de procesos judiciales, un amplio debate político (que incluye visitas de congresistas estadounidenses a El Salvador) y público, y hasta una eventual crisis constitucional en cierne, en El Salvador se actúa por la dictadura con total arbitrariedad, ya sin ánimo de aparentar legitimidad alguna.

Así que, amigas y amigos, no hagan esfuerzos por querer entender justificaciones jurídicas o encontrar bases legales para la actuación del bukelato en este tema: no hay nada, es el vacío absoluto de juridicidad y de moral.

O, quizá, el soporte jurídico de la privación ilegal de libertad y desaparición forzada de ciudadanos venezolanos en El Salvador está en la misma gaveta donde están los 176 estudios actuariales para la reforma del sistema previsional que el bukelato impuso en 2022, que entiendo es el mismo sitio donde están los estudios científicos que demuestran la viabilidad ambiental de la minería metálica en El Salvador.

Así que, en efecto, el dictador salvadoreño está feliz de ser él “a quien mandar lo peor de lo peor”: es tal el menosprecio de Bukele hacia los salvadoreños, que no tiene cohibición alguna en convertir al país en una “colonia carcelaria”, en un estercolero.

Abogado constitucionalista.